Los agentes registran la sede de la empresa de mensajería Unipost en L’Hospitalet de Llobregat

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Los guardias han llegado a la empresa sobre las cinco de la mañana para inspeccionar inicialmente las furgonetas de reparto de Unipost en busca de documentación relacionada con el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, fundamentalmente las comunicaciones para constituirse en las mesas de votación.

La Generalitat ha vuelto a contratar a Unipost para el reparto a los convocados a las mesas y a votar del material necesario para el 1-O. Por ello ha ido a la central catalana de la firma de mensajería para intentar interceptar dichos impresos. Fuentes del instituto armado han confirmado que se han incautado de tarjetas de comunicación de inscripción en el censo y de las notificaciones para presidentes o vocales de las mesas electorales. El plazo para comunicar estas circunstancias concluyó el viernes pasado.

La Guardia Civil se ha incautado en los últimos días de cerca de millón y medio de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionados con el 1-0 en varios registros, el último de ellos ayer mismo en una nave de un polígono industrial de Sabadell (Barcelona).

La búsqueda de la empresa encargada del reparto de la publicidad y las comunicaciones institucionales del 1-O se produce después de que la dirección de Correos emitiese la semana pasada una circular dirigida a los directores de sus oficinas en Cataluña en la que recuerda que el referéndum del 1 de octubre está suspendido por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, pide a sus empleados “abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto, que pudiera estar relacionado con dicha consulta”. Prestar cualquier servicio postal, advierte el texto de la empresa pública, implica “colaborar administrativamente” con el referéndum y piden que se notifique a todos los empleados ese escrito.

Esta iniciativa de Correos puso en un compromiso  la constitución de las mesas electorales. El Govern ya ha realizado el sorteo para elegir a los 55.000ciudadanos que se requieren, entre titulares y suplentes, para configurar los 6.300 puntos de votación que prevé instalar el día de la consulta que ha convocado Carles Puigdemont y que sido suspendida por el Tribunal Constitucional.